Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, COCEMFE Cataluña se adhiere al Manifiesto de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), y a todas las reivindicaciones recogidas en él. Y animamos a las federaciones provinciales y a las entidades federadas a difundir cuanto en ello se recoge y así visibilizar y denunciar la violencia digital que viven muchas mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. A continuación, os compartimos desde aquí el Manifiesto de CEMUDIS:
«Cuidar en red: compromiso frente a la violencia de género digital»
La violencia de género digital es una de las caras más desconocidas de la violencia machista. Vulnera de manera directa nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra seguridad dentro de la vida pública y la digital. Desde CEMUDIS, La Confederación Estatal de Mujeres y Niñas con Discapacidad, queremos poner el foco en la escalada de esta violencia que traslada las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual, donde se engrandecen y amparan bajo el paraguas del anonimato.
El impacto de esta forma de violencia digital no se limita a la inmediatez de la agresión; su difusión, permanencia y alcance multiplican sus consecuencias, generando un mayor daño, aislamiento y exposición para las mujeres y niñas con discapacidad. Según el Informe de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, solo en el primer trimestre de 2025 se atendieron 496 personas, de la cuales, un 70-75% fueron mujeres, lo que significa que somos el grupo poblacional más expuesto a esta nueva cara de la violencia de género.
Las formas que adopta esta violencia son múltiples: ciberacoso, sextorsión, doxing, grooming, suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y el preocupante auge del uso de las deepfakes sexuales, donde el 90% de los casos detectados son pornográficos y mayoritariamente dirigidos contra mujeres.
La geolocalización, integrada en apps cotidianas como Whatsapp, mapas o servicios de “encontrar mi dispositivo”, se convierte en una amenaza invisible cuando se usa sin consentimiento o bajo presión, permitiendo el control silencioso de desplazamientos y rutinas. La línea entre la seguridad y el control se difumina cuando esta práctica se lleva a cabo mediante la manipulación.
En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, se suman riesgos específicos derivados de la exposición digital y de las barreras estructurales y sociales que agravan esta violencia. Así lo recoge la Guía de violencia sexual digital hacia niñas y mujeres con discapacidad, publicada por ACADAR, que visibiliza cómo estas violencias no solo afectan a nuestra seguridad, sino también nuestras oportunidades de participación social, acceso a derechos y representación en los espacios públicos y digitales.
Para las mujeres y niñas con discapacidad, sumar esta violencia digital a la discriminación interseccional y al sesgo tecnológico aumenta la situación de vulnerabilidad. La fundación CERMI Mujeres destaca que el diseño de tecnologías con sesgos machistas y capacitistas intensifica nuestra exclusión, y que la presencia de un solo 12% de mujeres en el desarrollo de IA agrava esta realidad.
El estudio ODISMET revela que las mujeres con discapacidad viven acoso sexual digital, amenazas y control en proporciones mayores a la media, afectando directamente a nuestra autoestima y a nuestra libertad de expresión. La violencia de género digital no es una experiencia aislada, tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la seguridad y la participación pública.
Por ello, la protección efectiva frente a la violencia —digital o física— debe ser una prioridad real. Los recientes fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas de control de agresores, como errores en la geolocalización, pérdida de datos o alarmas defectuosas, ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos actuales y la desprotección en la que quedan muchas mujeres, especialmente aquellas con discapacidad. Esta realidad demuestra que no basta con legislar o crear herramientas: es imprescindible que los poderes públicos asuman su responsabilidad, asegurando que los sistemas de protección sean accesibles, fiables y estén correctamente implementados. La negligencia institucional no puede formar parte del proceso de recuperación de quienes ya han vivido violencia.
La violencia digital está también vinculada a la circulación de material audiovisual y contenido sexual falso que busca difamar, desacreditar y silenciar a mujeres activistas, profesionales y líderes. Estas prácticas no solo multiplican la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en los espacios públicos, sino que constituyen un mecanismo de control y exclusión. Su impacto es demoledor: destruye la reputación, erosiona la credibilidad, empuja al aislamiento social y deja graves secuelas psicológicas, perpetuando así un entorno hostil que nos niega el derecho a participar en igualdad en la vida pública y digital.
La IA (Inteligencia Artificial), pese a ofrecer oportunidades para la inclusión, bajo un diseño sin regulación firme, sigue representando y reproduciendo prejuicios del mundo patriarcal y capacitista, fortaleciendo así la exclusión y la discriminación hacía las mujeres y niñas con discapacidad. Por ello es urgente que las políticas públicas vigilen el desarrollo tecnológico para garantizar que se atiendan las diversidades de todos los grupos poblacionales.
Desde CEMUDIS instamos a que se desarrollen marcos legislativos claros que regulen la IA, pues su falta de control abre la puerta a nuevas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad. Regular la IA no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia social, de equidad y de derechos humanos.
Reclamamos datos inclusivos, comunicados accesibles, formación digital y espacios de gobernanza compartida. Solo con una estrategia feminista y con perspectiva de discapacidad podremos garantizar una vida digital libre de violencias y desigualdades.
Por todo ello, CEMUDIS y sus entidades confederadas, reivindicamos:
Promover el reconocimiento jurídico integral de la violencia de género digital, desde una perspectiva interseccional, y dotarlo de suficientes recursos para su prevención atención y justa sanción.
Incorporar de manera transversal la discapacidad en las políticas públicas de igualdad y en el desarrollo tecnológico, para garantizar que no se nos siga dejando al margen en la transformación digital.
Garantizar el acceso universal a una educación digital feminista e inclusiva, concebida como un instrumento fundamental para la prevención de violencias, el empoderamiento personal y colectivo, y el ejercicio de una ciudadanía plena.
Crear mecanismo rápidos, eficaces y accesibles para denunciar y eliminar contenidos sexuales y/o violentos difundidos sin consentimiento, que hoy en día siguen dañando abusivamente a miles de mujeres.
Certificar y garantizar espacios digitales seguros, donde mujeres y niñas con discapacidad podamos participar, expresarnos y construir comunidad sin miedo a la violencia ni a la exclusión social.
Garantizar la eliminación de contenido digital accesible en internet que haya sido utilizado como medio para ejercer violencia digital mediante herramientas y canales de denuncia accesibles, permitiendo la reconstrucción de la identidad digital.
Incluir formación sobre conductas adictivas asociadas al desarrollo de nuevas tecnología y violencia de género digital en los programas educativos formales y no formales dirigidos al profesorado, alumnado y familias.
Asegurar la conexión y el acceso tecnológico en condiciones de igualdad, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad que viven en zonas rurales, quienes enfrentan una doble brecha: la territorial y la digital.
Revisar y mejorar los sistemas de protección frente a la violencia de género para garantizar que sean accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades de todas las mujeres, con especial foco en las mujeres con discapacidad. Nuestra seguridad no puede depender de fallos o incidencias. La protección es un derecho, no una opción.
Establecer protocolos de protección en relación contra el uso abusivo de la geolocalización, incluyendo detención, rastreos no consentidos, garantizando accesibilidad para mujeres y niñas con discapacidad.
Implementar campañas y formación en autonomía tecnológica para identificar señales de control digital vinculadas a la geolocalización, con materiales accesibles y enfoque interseccional.
Reforzar el papel de las entidades sociales en materia de sensibilización, prevención y apoyo directo a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia digital, así como su entorno y a los agentes sociales, dotándolas de recursos suficientes y estables para esta labor social.
La violencia digital es violencia de género y supone una amenaza directa para el ejercicio de nuestros Derechos Humanos. Por ello, desde CEMUDIS exigimos compromiso, políticas firmes, controles tecnológicos y un pacto social que defienda a todas las mujeres y niñas con discapacidad, para construir una sociedad digital segura, accesible y libre de sesgos patriarcales. Porque lo virtual también es real. Y prevenir la violencia digital es responsabilidad de toda la sociedad.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha abierto hoy el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Sociedad Inclusiva 2026, una iniciativa que cumple su cuarta edición reconociendo públicamente las prácticas más transformadoras para la inclusión y la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad física y orgánica.
Hasta el próximo 1 de febrero de 2026, cualquier persona o entidad puede presentar su propuesta a través del portal www.sociedadinclusiva.es, seleccionando una de las cinco categorías de la convocatoria:
Desarrollo educativo y profesional: iniciativas que promuevan la educación, el empleo y la formación en igualdad de condiciones.
Innovación e impacto social: proyectos de participación, sensibilización, investigación, fortalecimiento asociativo o visibilidad de la discapacidad física y orgánica.
Espacio sociosanitario: acciones que mejoran la coordinación entre sistemas sociales y sanitarios, el bienestar y la atención integral.
Mujer e igualdad: prácticas que impulsan la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad.
Accesibilidad y vida independiente: iniciativas centradas en accesibilidad universal, ocio inclusivo, diseño para todas las personas y autonomía personal.
“Cada edición de estos premios confirma que la inclusión real no es una utopía, sino una realidad que muchas personas, administraciones, empresas y entidades están construyendo día a día”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga. “Desde COCEMFE queremos darles visibilidad y convertirlas en ejemplo para toda la sociedad”, ha añadido.
Estos galardones no solo visibilizan las mejores prácticas inclusivas impulsadas por personas y entidades jurídicas comprometidas con la discapacidad física y orgánica, sino que también promueven su replicabilidad, fomentando su adopción en otros contextos y territorios. A través del portal www.sociedadinclusiva.es, es posible consultar en detalle las iniciativas finalistas y ganadoras de las ediciones anteriores, convirtiendo esta plataforma en un verdadero banco de inspiración para la transformación social.
Una seña de identidad de los Premios Sociedad Inclusiva es la implicación directa de la ciudadanía en todas sus fases. Desde la identificación de candidaturas hasta la elección de las ganadoras, la sociedad tiene la oportunidad de participar activamente. Tras la selección de finalistas por parte del jurado —formado por la Comisión Ejecutiva de COCEMFE y representantes de su Movimiento Asociativo—, será el voto popular quien decida los proyectos merecedores del reconocimiento final, reafirmando el valor colectivo de la inclusión.
El 14 de mayo de 2026 se publicarán los resultados y durante el mes de junio tendrá lugar un acto público de entrega de galardones.
La página web de los Premios Sociedad Inclusiva se ha convertido en un escaparate de iniciativas inclusivas y transferibles, recibiendo desde su creación 556.000 visitas de más de 124.000 personas.
La creación y desarrollo de la página de los premios está financiada a través la subvención nominativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a favor de COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas, mientras que la organización y difusión de dichos galardones están financiadas a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La reciente Ley 5/2025, de 24 de julio, que reforma el seguro de accidentes de circulación, introduce cambios profundos en la protección de las víctimas y en particular de quienes adquieren una discapacidad a raíz de un siniestro. El pasado 17 de septiembre, lo explicó José Pérez Tirado, abogado experto y miembro de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración del CERMI (Comité Español Representante de la Personas con Discapacidad), en una ponencia ofrecida en el Foro Palestra CERMI. Se trata de una norma compleja en su redacción y en su aplicación, y por eso os queremos ofrecer una lectura más clara y accesible de las principales novedades introducidas con esta ley.
La accidentalidad vial sigue siendo una de las principales causas de discapacidad sobrevenida y destacó que esta reforma, nacida de la transposición de una directiva europea, supone un avance notable en la protección de las víctimas. El espíritu de la Ley es claro: dotar a las víctimas de “todas las armas para quedar en la mejor posición posible, presente y futura”. Pérez Tirado explicó que el impacto de la reforma va más allá de los accidentes de tráfico, ya que el sistema indemnizatorio tiene una capacidad expansiva que alcanza a supuestos como la responsabilidad sanitaria, la seguridad laboral o cualquier otro ámbito en el que exista responsabilidad civil por daños corporales.
Cambios que fortalecen la protección
Durante su exposición, Pérez Tirado detalló algunas de las novedades más relevantes de la Ley 5/2025:
Ampliación de los perjudicados: Se clarifica quién puede reclamar, incluyendo a hermanos y allegados con convivencia prolongada. Además, se amplía de seis a doce meses el derecho a apoyo psicológico para familiares de grandes lesionados o fallecidos.
Actualización automática de las indemnizaciones: A partir de ahora, las cuantías se revisarán anualmente según el IPC, en lugar de vincularse al índice de pensiones.
Nuevas tablas económicas: Se crean las Tablas H, que reconocen el valor del trabajo doméstico con base en el Salario Mínimo Interprofesional, sin descontar pensiones inexistentes.
Mejor valoración de secuelas: Se modifican criterios técnicos que elevan la puntuación final de las víctimas y se refuerza la consideración de secuelas psíquicas, incluidas nuevas categorías. También se introduce un plus por perjuicio sexual para la pareja estable.
Protección a grandes lesionados: La ayuda de tercera persona se amplía de 16 a 24 horas diarias en casos de máxima dependencia, lo que puede generar indemnizaciones superiores a los 4,9 millones de euros. Se incorpora además la rehabilitación futura como gasto patrimonial en situaciones de amputación u otras secuelas graves.
Flexibilidad de aplicación: La norma admite excepciones si las tablas no reflejan la realidad de la víctima, pudiéndose recurrir a dictámenes actuariales.
A pesar de los avances, el presidente del CERMI, Luis Cayo, señaló que quedan pendientes cuestiones clave. Entre ellas, la falta de un mecanismo para que las administraciones recuperen los costes de la atención a las víctimas cuando la responsabilidad recae en una aseguradora (tercero pagador); el problema del infraseguro en sectores como la sanidad pública, con coberturas muy bajas en comparación con las de la circulación; o la necesidad de regular adecuadamente el seguro deportivo para deportistas federados, contemplado en la Ley del Deporte de 2022.
Os compartimos un resumen de la ponencia y de las novedades introducidas por esta ley, para una comprensión más sencilla:
Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema «Movilidad para todas las personas», COCEMFE hace un llamamiento a las administraciones y operadores de transporte para garantizar una movilidad accesible y libre de barreras para todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad física y orgánica.
A pesar de los avances normativos y la creciente sensibilización social, la accesibilidad plena en el transporte está lejos de ser una realidad. Las personas con discapacidad se enfrentan a una preocupante desigualdad en el acceso a los diferentes modos de transporte, desde el tren y el avión, hasta los autobuses urbanos, interurbanos, taxis y servicios de VTC.
Según datos recogidos por el Movimiento Asociativo de COCEMFE, solo un 18% de las estaciones de tren son accesibles, y gran parte de la red de cercanías y media distancia no cumple los requisitos mínimos de accesibilidad. En el ámbito aéreo, persisten deficiencias graves como la ausencia de aseos adaptados o el daño frecuente a productos de apoyo como sillas de ruedas. También se identifican problemas recurrentes en los autobuses, como rampas inoperativas, la escasez de plazas para sillas de ruedas, la falta de paradas accesibles o la obligación de reservar con antelación los viajes para poder disponer de vehículos adaptados, una situación que afecta de manera especial en los entornos rurales. En cuanto a los taxis y VTC, tampoco se cumple la cuota mínima de vehículos adaptados, lo que limita de forma notable la autonomía de las personas con movilidad reducida. A estas barreras físicas se suma la falta de formación del personal en estaciones, aeropuertos y vehículos, lo que genera situaciones de desinformación, trato inadecuado e incluso negación de servicios.
COCEMFE propone garantizar la cadena de accesibilidad completa desde el momento en que una persona accede a una estación hasta que llega a su destino. Esto implica adaptar infraestructuras, mejorar los servicios de asistencia, asegurar la información accesible, evitar la discriminación por tipo de discapacidad y ampliar el número de vehículos adaptados en todos los servicios de transporte, incluyendo el medio rural. Además, se subraya la necesidad de incluir criterios de accesibilidad en las nuevas concesiones ferroviarias y de regular de forma efectiva el modelo VTC, garantizando que también sea accesible y cumpla con las cuotas de adaptación.
AccesibilidApp: una herramienta clave para construir un transporte inclusivo
En esta Semana Europea de la Movilidad, COCEMFE anima a toda la ciudadanía a utilizar AccesibilidApp, una aplicación gratuita desarrollada por la entidad que permite geolocalizar y comunicar incidencias y barreras de accesibilidad que se encuentran en la vía y en los servicios de transporte. Desde COCEMFE CATALUNYA ofrecemos un canal de denuncias donde presentar hechos y situaciones que vulneran los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, ya sea en referencia a la accesibilidad como en otros ámbitos de la vida cotidiana dentro del territorio de Cataluña.
“Queremos que cualquier persona, usuaria o no de transporte accesible, se sume a esta acción colectiva para visibilizar las barreras que impiden una movilidad plena e inclusiva”, destaca Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE. “AccesibilidApp es una herramienta participativa que nos permite construir un mapa real de la accesibilidad en el transporte y exigir mejoras concretas”, asegura Queiruga.
Desde COCEMFE se recuerda que garantizar la accesibilidad universal no solo es un derecho, sino una condición imprescindible para una sociedad justa, inclusiva y cohesionada. Una movilidad accesible favorece la autonomía, la participación y la igualdad de oportunidades de miles de personas, y es clave para el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto de transición ecológica.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE COCEMFE PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y VIDA INDEPENDIENTE, HAZ CLIC AQUÍ
El COCARMI (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad) ha elaborado un documento para ayudar los entes locales a aplicar el nuevo Código de Accesibilidad de Cataluña, que entró en vigor el 1 de marzo de 2024. Este documento ha estado posible gracias a la colaboración de las entidades miembros y al apoyo de la Diputación de Barcelona.
El documento explica de manera clara qué entendemos por accesibilidad universal, por qué es esencial y como tendría que estar presente en todas las actuaciones públicas y privadas. También recuerda las obligaciones de los ayuntamientos, con plazos de aplicación diferenciados según su medida y capitalidad.
Además, compilación de forma esquemática, visual y práctica las medidas de accesibilidad a tener en cuenta en ámbitos como el transporte, los espacios públicos, los edificios y los productos y servicios. Es una herramienta muy útil no solo para los ayuntamientos, sino también para técnicos, entidades, gestores de equipamientos y servicios públicos, y profesionales de los ámbitos del urbanismo, la edificación o las tecnologías de la información.
Nota:
El COCARMI (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad) nació en 1998 con el objetivo de representar de manera transversal las personas con discapacidad en Cataluña. Así, actualmente representa y defiende los derechos de más de 700.000 personas a través de sus 13 federaciones miembros. Estas federaciones agrupan en Cataluña más de 700 entidades que acompañan a personas con discapacidad física y orgánica, intelectual, síndrome de Down, autismo, discapacidades sensoriales, parálisis cerebral y pluridiscapacidad, enfermedades raras y problemas de salud mental. Las federaciones miembros son ACAPPS, ASOCIDECAT, COCEMFE Cataluña, DINCAT Plena Inclusión Cataluña, Down Cataluña, ECOM, Federación Catalana de Autismo, Federación de CET, FEDER en Cataluña, Federación Salud Mental Cataluña, FEPCCAT, FESOCA y ONCE Cataluña.
Forma parte del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa unos 3,8 millones de personas con discapacidad de unas 7.000 entidades de todo España, de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y de la Plataforma de Infancia de Cataluña (PINCAT).
Con motivo del Día de las Abuelas y de los Abuelos, que se celebra el 26 de julio, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) reconoce y agradece el papel esencial que muchas personas con discapacidad desempeñan en sus familias como abuelos y abuelas. Además, reivindica el derecho de este grupo social a vivir un envejecimiento activo, digno y en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios para ejercer sus derechos plenamente.
COCEMFE destaca que este reconocimiento no solo debe ser simbólico, sino traducirse en políticas públicas que garanticen una vida plena y autónoma también durante la vejez. Muchas personas con discapacidad, a pesar de enfrentarse a importantes barreras físicas, económicas y sociales, ejercen un rol fundamental como figuras afectivas, referentes familiares y, en muchos casos, cuidadores principales de sus nietos y nietas.
El Estudio de investigación sobre la situación de las personas con discapacidad desde la perspectiva del envejecimiento, realizado por COCEMFE, pone de manifiesto la falta de correspondencia entre lo expuesto en el marco legislativo y la implementación del enfoque social en las políticas públicas. Las personas entrevistadas apuntaron que el modelo asistencial perdura en los patrones de atención en los equipamientos sociales.
“El envejecimiento de las personas con discapacidad no puede seguir siendo ignorado por las políticas públicas”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga. “Es necesario reconocer esta etapa de la vida como clave en la trayectoria vital de muchas personas con discapacidad, que deben contar con todos los apoyos, recursos y oportunidades para vivirla en plenitud”, añade.
En este contexto, COCEMFE recuerda que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria la reforma de las leyes de discapacidad y de autonomía personal, una normativa a la que COCEMFE ha realizado aportaciones, siendo algunas de ellas incorporadas en el anteproyecto aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros. COCEMFE continúa realizando incidencia a través de los grupos políticos para que durante el trámite parlamentario se continúe mejorando el texto de manera que todos los derechos de este grupo social reconocidos por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas estén verdaderamente garantizados en todas las etapas de la vida.
“Esperamos que esta reforma sirva para romper con el modelo asistencialista aún vigente y promueva un enfoque de derechos, accesibilidad y apoyos personalizados, también en la vejez”, destaca Queiruga. “Las personas con discapacidad tenemos derecho a envejecer con dignidad y sin vernos obligadas a renunciar al rol familiar ni a nuestra autonomía”, remarca.
“Las pensiones bajas, los hogares inaccesibles, la falta de apoyo para las tareas del día a día y la ausencia de medidas específicas en salud, vivienda o servicios sociales provocan situaciones de exclusión severa en muchas personas con discapacidad”, advierte Queiruga, que hace hincapié en que “las personas mayores con discapacidad tienen derecho a seguir tomando decisiones, participar en la comunidad y contar con los apoyos necesarios para hacerlo”.
En este sentido, COCEMFE quiere destacar algunas de las medidas recogidas en el Estudio de investigación sobre la situación de las personas con discapacidad desde la perspectiva del envejecimiento dirigidas a promover un envejecimiento inclusivo y activo. Entre ellas se encuentra incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas de envejecimiento; garantizar servicios de asistencia personal adaptados a personas mayores con discapacidad; aumentar la accesibilidad en las viviendas y el entorno urbano, especialmente en zonas rurales; mejorar el acceso a tecnologías de apoyo, salud, transporte y recursos comunitarios, y promover programas de envejecimiento activo, formación digital y actividades culturales accesibles.
Asimismo, COCEMFE defiende que es necesario impulsar políticas públicas que garanticen recursos para acciones de prevención que anticipen y reduzcan las situaciones de dependencia asociadas al envejecimiento, especialmente en personas con discapacidad. Esto implica actuar de forma temprana para evitar el deterioro de la salud, la pérdida de autonomía o la intensificación de las discapacidades ya existentes, mediante medidas específicas como la promoción de entornos accesibles, el apoyo en la vida independiente y la autonomía personal, el fomento de la actividad física y la atención sanitaria ajustada a las necesidades en un entorno sociosanitario que asegure una atención coordinada y de calidad”.
“Una sociedad que cuida a sus mayores, y especialmente a quienes tienen más necesidades de apoyo, es una sociedad que apuesta por lo más básico: el respeto a la dignidad humana y de los principios de justicia e igualdad. El envejecimiento con discapacidad debe ser una de las prioridades política y social”, concluye Queiruga.
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