Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, COCEMFE Cataluña se adhiere al Manifiesto de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), y a todas las reivindicaciones recogidas en él. Y animamos a las federaciones provinciales y a las entidades federadas a difundir cuanto en ello se recoge y así visibilizar y denunciar la violencia digital que viven muchas mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. A continuación, os compartimos desde aquí el Manifiesto de CEMUDIS:
«Cuidar en red: compromiso frente a la violencia de género digital»
La violencia de género digital es una de las caras más desconocidas de la violencia machista. Vulnera de manera directa nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra seguridad dentro de la vida pública y la digital. Desde CEMUDIS, La Confederación Estatal de Mujeres y Niñas con Discapacidad, queremos poner el foco en la escalada de esta violencia que traslada las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual, donde se engrandecen y amparan bajo el paraguas del anonimato.
El impacto de esta forma de violencia digital no se limita a la inmediatez de la agresión; su difusión, permanencia y alcance multiplican sus consecuencias, generando un mayor daño, aislamiento y exposición para las mujeres y niñas con discapacidad.
Según el Informe de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, solo en el primer trimestre de 2025 se atendieron 496 personas, de la cuales, un 70-75% fueron mujeres, lo que significa que somos el grupo poblacional más expuesto a esta nueva cara de la violencia de género.
Las formas que adopta esta violencia son múltiples: ciberacoso, sextorsión, doxing, grooming, suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y el preocupante auge del uso de las deepfakes sexuales, donde el 90% de los casos detectados son pornográficos y mayoritariamente dirigidos contra mujeres.
La geolocalización, integrada en apps cotidianas como Whatsapp, mapas o servicios de “encontrar mi dispositivo”, se convierte en una amenaza invisible cuando se usa sin consentimiento o bajo presión, permitiendo el control silencioso de desplazamientos y rutinas. La línea entre la seguridad y el control se difumina cuando esta práctica se lleva a cabo mediante la manipulación.
En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, se suman riesgos específicos derivados de la exposición digital y de las barreras estructurales y sociales que agravan esta violencia. Así lo recoge la Guía de violencia sexual digital hacia niñas y mujeres con discapacidad, publicada por ACADAR, que visibiliza cómo estas violencias no solo afectan a nuestra seguridad, sino también nuestras oportunidades de participación social, acceso a derechos y representación en los espacios públicos y digitales.
Para las mujeres y niñas con discapacidad, sumar esta violencia digital a la discriminación interseccional y al sesgo tecnológico aumenta la situación de vulnerabilidad. La fundación CERMI Mujeres destaca que el diseño de tecnologías con sesgos machistas y capacitistas intensifica nuestra exclusión, y que la presencia de un solo 12% de mujeres en el desarrollo de IA agrava esta realidad.
El estudio ODISMET revela que las mujeres con discapacidad viven acoso sexual digital, amenazas y control en proporciones mayores a la media, afectando directamente a nuestra autoestima y a nuestra libertad de expresión. La violencia de género digital no es una experiencia aislada, tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la seguridad y la participación pública.
Por ello, la protección efectiva frente a la violencia —digital o física— debe ser una prioridad real. Los recientes fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas de control de agresores, como errores en la geolocalización, pérdida de datos o alarmas defectuosas, ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos actuales y la desprotección en la que quedan muchas mujeres, especialmente aquellas con discapacidad. Esta realidad demuestra que no basta con legislar o crear herramientas: es imprescindible que los poderes públicos asuman su responsabilidad, asegurando que los sistemas de protección sean accesibles, fiables y estén correctamente implementados. La negligencia institucional no puede formar parte del proceso de recuperación de quienes ya han vivido violencia.
La violencia digital está también vinculada a la circulación de material audiovisual y contenido sexual falso que busca difamar, desacreditar y silenciar a mujeres activistas, profesionales y líderes. Estas prácticas no solo multiplican la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en los espacios públicos, sino que constituyen un mecanismo de control y exclusión. Su impacto es demoledor: destruye la reputación, erosiona la credibilidad, empuja al aislamiento social y deja graves secuelas psicológicas, perpetuando así un entorno hostil que nos niega el derecho a participar en igualdad en la vida pública y digital.
La IA (Inteligencia Artificial), pese a ofrecer oportunidades para la inclusión, bajo un diseño sin regulación firme, sigue representando y reproduciendo prejuicios del mundo patriarcal y capacitista, fortaleciendo así la exclusión y la discriminación hacía las mujeres y niñas con discapacidad. Por ello es urgente que las políticas públicas vigilen el desarrollo tecnológico para garantizar que se atiendan las diversidades de todos los grupos poblacionales.
Desde CEMUDIS instamos a que se desarrollen marcos legislativos claros que regulen la IA, pues su falta de control abre la puerta a nuevas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad. Regular la IA no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia social, de equidad y de derechos humanos.
Reclamamos datos inclusivos, comunicados accesibles, formación digital y espacios de gobernanza compartida. Solo con una estrategia feminista y con perspectiva de discapacidad podremos garantizar una vida digital libre de violencias y desigualdades.
Por todo ello, CEMUDIS y sus entidades confederadas, reivindicamos:
- Promover el reconocimiento jurídico integral de la violencia de género digital, desde una perspectiva interseccional, y dotarlo de suficientes recursos para su prevención atención y justa sanción.
- Incorporar de manera transversal la discapacidad en las políticas públicas de igualdad y en el desarrollo tecnológico, para garantizar que no se nos siga dejando al margen en la transformación digital.
- Garantizar el acceso universal a una educación digital feminista e inclusiva, concebida como un instrumento fundamental para la prevención de violencias, el empoderamiento personal y colectivo, y el ejercicio de una ciudadanía plena.
- Crear mecanismo rápidos, eficaces y accesibles para denunciar y eliminar contenidos sexuales y/o violentos difundidos sin consentimiento, que hoy en día siguen dañando abusivamente a miles de mujeres.
- Certificar y garantizar espacios digitales seguros, donde mujeres y niñas con discapacidad podamos participar, expresarnos y construir comunidad sin miedo a la violencia ni a la exclusión social.
- Garantizar la eliminación de contenido digital accesible en internet que haya sido utilizado como medio para ejercer violencia digital mediante herramientas y canales de denuncia accesibles, permitiendo la reconstrucción de la identidad digital.
- Incluir formación sobre conductas adictivas asociadas al desarrollo de nuevas tecnología y violencia de género digital en los programas educativos formales y no formales dirigidos al profesorado, alumnado y familias.
- Asegurar la conexión y el acceso tecnológico en condiciones de igualdad, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad que viven en zonas rurales, quienes enfrentan una doble brecha: la territorial y la digital.
- Revisar y mejorar los sistemas de protección frente a la violencia de género para garantizar que sean accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades de todas las mujeres, con especial foco en las mujeres con discapacidad. Nuestra seguridad no puede depender de fallos o incidencias. La protección es un derecho, no una opción.
- Establecer protocolos de protección en relación contra el uso abusivo de la geolocalización, incluyendo detención, rastreos no consentidos, garantizando accesibilidad para mujeres y niñas con discapacidad.
- Implementar campañas y formación en autonomía tecnológica para identificar señales de control digital vinculadas a la geolocalización, con materiales accesibles y enfoque interseccional.
- Reforzar el papel de las entidades sociales en materia de sensibilización, prevención y apoyo directo a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia digital, así como su entorno y a los agentes sociales, dotándolas de recursos suficientes y estables para esta labor social.
La violencia digital es violencia de género y supone una amenaza directa para el ejercicio de nuestros Derechos Humanos. Por ello, desde CEMUDIS exigimos compromiso, políticas firmes, controles tecnológicos y un pacto social que defienda a todas las mujeres y niñas con discapacidad, para construir una sociedad digital segura, accesible y libre de sesgos patriarcales. Porque lo virtual también es real. Y prevenir la violencia digital es responsabilidad de toda la sociedad.
